El Decreto Legislativo No. 690 ya está vigente. Dispensa intereses, recargos y buena parte de las multas a quien regularice sus obligaciones con Impuestos Internos y Aduanas antes del 11 de diciembre. Para las empresas con atrasos, fiscalizaciones o litigios abiertos, el ahorro puede ser considerable, siempre que la decisión se tome a tiempo y con números en la mano.
El cierre de año suele llegar a las empresas salvadoreñas con la misma lista de pendientes: presupuesto, inventarios, renovación de líneas de crédito y, para muchas, alguna cuenta abierta con el Fisco. Este año esa última partida tiene una salida con fecha de vencimiento. El 21 de octubre, con 60 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas, contenida en el Decreto Legislativo No. 690. Se publicó en el Diario Oficial No. 198, Tomo 453, del 23 de octubre de 2026, y rige desde esa fecha hasta el 11 de diciembre de 2026.
Una herramienta que el mercado ya conoce
Desde 2021 las empresas salvadoreñas han tenido una ventana de este tipo cada año. Las cifras divulgadas por Hacienda muestran su peso: la de 2021 reportó US$144 millones de recaudación; la de 2022, US$131.3 millones de 25,825 contribuyentes; la de 2023, más de US$100 millones de unos 36,000 contribuyentes, y la de 2024, con un plazo de 90 días, alrededor de US$105 millones de 59,493 contribuyentes. En 2025 el Decreto Legislativo No. 427, publicado el 16 de octubre, abrió una ventana de 60 días para obligaciones vencidas hasta el 31 de julio, de la que se beneficiaron 56,195 contribuyentes.
Que el instrumento sea conocido no significa que se repita idéntico. Cada decreto ajusta plazos, cortes y supuestos, y quien da por hecho que “habrá otra” corre el riesgo de que los accesorios sigan creciendo mientras espera.
Lo que cambia este año
Una fecha de cierre en lugar de un plazo en días. La ley fija el 11 de diciembre como límite. Frente a los 60 días de 2025, la ventana de 2026 es de 50, y toda la gestión, incluido el plan de pago, debe quedar formalizada dentro de ella.
Un corte casi contemporáneo. Entran las obligaciones con vencimiento hasta el 30 de septiembre de 2026. Las de octubre en adelante no están comprendidas, aunque la ley siga vigente en diciembre; conviene que el área contable lo tenga claro para no dejar de presentar en plazo pensando que la amnistía las cubre.
Un alcance amplio. El régimen comprende deudas y procesos ante Impuestos Internos, Aduanas y Tesorería; recursos ante el Tribunal de Apelaciones; demandas contencioso administrativas y amparos; casos remitidos a la Fiscalía sin sentencia; agentes de retención y percepción que no enteraron; saldos a favor declarados en exceso, y contribuyentes que no completaron el pago de amnistías anteriores. También alcanza los informes y dictámenes tributarios que no se presentaron, aunque no las correcciones de informes ya presentados.
La posibilidad de aportar nueva prueba. Es la principal novedad: en expedientes todavía abiertos, el contribuyente puede presentar prueba adicional ante la Administración antes de que exista resolución definitiva, con el propósito de obtener una nueva liquidación con dispensa de accesorios.
El beneficio está en los accesorios
El impuesto no se perdona. La ley dispensa intereses, recargos y las multas vinculadas a la obligación principal, a condición de pagar dentro del plazo o formalizar un plan de pago. En contingencias con varios años de antigüedad, esos accesorios pueden igualar o superar el tributo original. Ese es el ahorro que conviene cuantificar.
Hay límites. Las multas exonerables son las vinculadas a los artículos 238, literales a) a d), 246, 247, 252, 253 y 254 del Código Tributario, entre ellas las de no retener o no enterar. Para las deudas firmes, líquidas y exigibles, el beneficio se reduce al pago a plazos, y en las demás multas el plan exige una primera cuota mayor. En materia de tránsito se dispensan los recargos, no la multa. Además, cada declaración, impuesto y período se evalúa por separado, y presentar sin pagar no genera beneficio alguno, salvo que se otorgue el pago a plazos.
Durante una fiscalización, si se paga solo una parte del ajuste del informe de auditoría, la dispensa alcanza únicamente lo pagado; el resto se liquidará después con sus accesorios. Y en los saldos a favor declarados en exceso, la modificatoria debe presentarse dentro de la vigencia de la ley: esperar el plazo de dos meses del artículo 74-A del Código Tributario puede dejar a la empresa fuera de la ventana.
Tres decisiones que definirán el resultado
La primera es qué litigar y qué cerrar. Para acogerse, la empresa con recursos o demandas en trámite debe presentar el desistimiento ante la instancia correspondiente y remitir a Hacienda la copia del escrito recibido. La ley admite el desistimiento parcial, y ahí está la mayor oportunidad: cerrar sin accesorios los ajustes con defensa débil y seguir discutiendo los que tienen sustento. Esa decisión exige cuantificar cada partida y estimar con objetividad la probabilidad de éxito. Antes de presentar el escrito conviene revisar que los apoderados tengan facultad expresa para desistir; un poder insuficiente obliga a convalidar lo actuado y consume días que esta ventana no tiene.
La vía de la nueva prueba merece atención especial para los casos pendientes ante el Tribunal de Apelaciones o la jurisdicción contencioso administrativa. Es una oportunidad real, pero la Administración necesita tiempo para valorarla y emitir la nueva liquidación antes del 11 de diciembre. A cinco semanas del cierre, es la primera gestión que debe iniciarse.
La segunda es cómo gestionar la exposición penal. La ley extiende los beneficios a los casos con aviso a la Fiscalía por presunta defraudación al Fisco, mientras no haya sentencia definitiva. Sus efectos, sin embargo, son tributarios: no conviene asumir que el pago extingue por sí solo la acción penal. En estos expedientes, y en los de agentes que retuvieron y no enteraron, la estrategia tributaria y la defensa penal deben diseñarse juntas, antes de presentar cualquier escrito o efectuar un pago.
La tercera es pagar de contado o en cuotas. Tesorería puede conceder hasta nueve cuotas mensuales, con una primera del 10% el día en que se notifica la resolución. Para muchas empresas el valor del plan no está solo en la liquidez, sino en recuperar la solvencia tributaria, un documento con valor comercial directo para quien participa en licitaciones públicas, renueva financiamiento o atraviesa una debida diligencia. El reverso es severo: un incumplimiento hace perder los beneficios, reactiva los accesorios sobre el saldo y habilita el cobro.
Importadores y operadores aduaneros
El régimen permite regularizar declaraciones de mercancías con omisiones o liquidaciones incorrectas, diferencias de derechos y beneficios aplicados indebidamente, así como procesos de verificación o fiscalización sin resolución notificada. También ofrece salida a mercancías en importación temporal, perfeccionamiento activo o exportación temporal con plazos vencidos, y a vehículos con permanencia temporal vencida, mediante su paso al régimen definitivo o su reexportación extemporánea. Para empresas con operaciones de comercio exterior es una oportunidad de depurar inventarios y registros antes de la próxima auditoría.
Cinco preguntas para el directorio
Con el decreto vigente, toda junta directiva o administración debería poder responder con precisión, este mes, las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es el monto total de nuestras contingencias tributarias y aduaneras, y cuánto representan los intereses, recargos y multas?
- ¿Qué litigios conviene cerrar y cuáles sostener, y con qué probabilidad de éxito?
- ¿Nuestros apoderados tienen facultad para desistir y renunciar?
- ¿Existe algún expediente con implicaciones penales que exija una estrategia coordinada?
- ¿Podemos pagar de contado o necesitamos un plan de cuotas que la caja de 2027 pueda sostener?
Más allá de diciembre
Una amnistía resuelve el pasado, pero no corrige las causas que generaron la contingencia. Las empresas que salen fortalecidas de estas ventanas son las que aprovechan el ejercicio para revisar sus procesos de cumplimiento, sus controles sobre retenciones y su documentación de soporte. Con una Administración Tributaria cada vez más apoyada en documentos electrónicos y cruces de información, la mejor protección es un cumplimiento ordenado y verificable.
La ventana de 2026 es corta y ya está abierta. Para quien tenga un tema pendiente con el Fisco, el momento de decidir es ahora, no la semana del 11 de diciembre.
HLB El Salvador puede ayudarle
HLB El Salvador es una de las principales firmas de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría de negocios en el país, y acompañamos a empresarios, juntas directivas e inversionistas en las decisiones que tienen consecuencias fiscales y financieras. Casos como los de este artículo forman parte de nuestro trabajo diario: levantamos los estados de cuenta de su empresa ante Impuestos Internos, Aduanas y Tesorería, calculamos cuánto puede ahorrar legalmente en intereses, recargos y multas, preparamos las modificatorias, los desistimientos y la nueva prueba que respaldan cada acogimiento y gestionamos el plan de pagos para que la decisión se ejecute dentro del plazo y sin contingencias posteriores.
Como firma miembro de HLB International, una de las diez mayores redes de firmas de auditoría y consultoría del mundo, con más de 58,000 profesionales en 155 países, coordinamos con colegas en otras jurisdicciones cuando la regularización involucra operaciones con el exterior. Usted recibe una sola respuesta, integrada y aplicable, bajo la dirección de un socio que conoce su negocio.
La ventana cierra el 11 de diciembre. Agende hoy su diagnóstico de amnistía.
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