El dinamismo económico de un país depende en gran medida de su capacidad para atraer capitales y generar empleo de calidad. En ese camino, El Salvador apuesta por incentivar nuevas inversiones extranjeras y fortalecer la creación de plazas laborales, impulsando medidas fiscales que buscan posicionar al país como un destino competitivo para el capital internacional.
El Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa dos propuestas orientadas a reforzar este objetivo. La primera iniciativa establece un régimen especial para personal altamente calificado, permitiendo que técnicos y profesionales, tanto nacionales como extranjeros, gocen de incentivos fiscales. Según la propuesta, quienes reciban hasta US$100,000 mensuales tendrán como pago definitivo la retención del Impuesto sobre la Renta aplicada a su salario. Para ingresos superiores, solo se retendrá el 10 % sobre los primeros US$100,000, quedando el excedente exento.
El beneficio alcanza también a contratados por servicios profesionales, quienes tributarán un 10 % de ISR, estén domiciliados en el país o no. Con ello, el Gobierno busca facilitar la llegada de talento especializado, dinamizar el mercado laboral y potenciar la transferencia de conocimientos y tecnología en sectores estratégicos.
La segunda medida plantea la creación de un régimen que incentive inversiones de alto valor, ofreciendo exoneración del ISR para proyectos que superen los US$2,000 millones, ya sea en inversión directa o en patrimonio empresarial. Esta propuesta incluye requisitos adicionales, como fungir como agentes de retención y cumplir con registros formales ante la Administración Tributaria, garantizando transparencia y control en el proceso.
Ambas iniciativas fueron sometidas a votación en el pleno legislativo, donde obtuvieron 56 votos a favor y uno en contra. Con este respaldo, el Ejecutivo pretende no solo fortalecer la llegada de capital extranjero, sino también crear un entorno de mayor competitividad, empleo especializado y desarrollo económico sostenible.
El reto a futuro será medir cómo estas disposiciones impactan en la atracción de empresas, la generación de empleo y la capacidad del país para consolidar un ecosistema de innovación que acompañe el crecimiento económico.